Tras conocerse los “alarmantes” resultados del Simce 2022, que evidencian un retroceso de al menos una década en aprendizajes de matemáticas en estudiantes de enseñanza básica y media, congresistas de oposición presentaron una acusación constitucional en contra del Ministro de Educación, Marco Antonio Avila.
Sin embargo, los reparos a la gestión del secretario de Estado venían de mucho antes. Uno de los focos de preocupación era la denominada “política de educación sexoafectiva integral” (ESI) que lleva adelante la cartera y que ha sido fuente de controversias entre apoderados. Entre los siete capítulos de la acusación constitucional, está el que alude a los programas de la ESI, que vulneran el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, afirman los congresistas.
En esa línea, al menos 17 organizaciones de la sociedad civil iniciaron una campaña para juntar firmas en contra de dicha política. Hasta ayer, superaban las 40 mil y esperan llegar a las 100 mil. Mediante una página web exponen que “los padres y apoderados de Chile no podemos quedarnos de brazos cruzados” frente a organizaciones que piden al Gobierno que legisle en favor de una “política nacional de educación sexoafectiva integral”. Esto, luego de que el 18 de abril la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de resolución 643, que solicita al Ejecutivo la implementación de la ESI en los colegios del país.
En un documento dirigido al Presidente Gabriel Boric, consignan que “cuesta entender cómo se da prioridad a estas iniciativas mientras que muchos establecimientos viven problemas de primerísima necesidad”, que “no se puede avanzar en una ESI vulnerando el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”, y que “la educación sexual no puede ir en contra de los principios de las familias”. La carta también expone que el establecimiento puede aportar en esa tarea educativa hacia los niños, pero “siempre con el consentimiento previo, libre e informado de los padres”.
Para Felipe Varela, director ejecutivo de Mi Derecho a Educar, “muchísimas familias que componen nuestra agrupación nos han manifestado que se han sentido pasadas a llevar por las situaciones de educación sexual de las que nos hemos enterado”: En ese sentido, detalla que “algunos recibieron los cuadernos de la Junaeb con información LGBTIQ+, otros tienen hijos que fueron obligados a recibir charlas sin su consentimiento, en circunstancias de que no existe una ley que respalde estas actividades”. Varela, aprecia el apoyo que ha tenido la iniciativa: “Queremos decirle al Gobierno que los padres somos muchos más que los activistas”.
Por su parte, la presidenta de Escuelas Abiertas, María Teresa Romero, plantea que una legislación de este tipo no reconoce el desarrollo físico, psíquico y espiritual, en el fondo, el desarrollo integral de la persona, respetando sus fases naturales y ritmo. Va en contra de la naturaleza humana”. Según Romero, la iniciativa “propone presentar estereotipos de género, bajo la ideología de género, desde edades tempranas donde los niños recién se están descubriendo y no tienen la madurez para discernir y comprender la formación recibida”.
Romero también critica que intervenir en ese ámbito de los niños “no respeta la autonomía de cada proyecto educativo; impone una enseñanza generalizada de género, sin respetar la decisión de los padres de trabajar esos temas bajo el alero del hogar o del proyecto educativo que eligió para su hijo”, por lo que considera que “atenta contra principios esenciales como la libertad de enseñanza”.
José Luis Velasco, presidente de la Asociación de Educadores (Aseduch), añade que “los profesores tenemos la obligación de respetar la voluntad de los padres”, y que “no estamos en contra de la educación sexual, pero en cada establecimiento educacional esta debe ser de acuerdo a su proyecto educativo, que es la visión de mundo que los padres han elegido”.
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Fuente: Tomado del artículo del mismo nombre en Diario el Mercurio, por Derek Gotschlich y Eduardo Olivares, 24 Junio 2023. Actualizado: Mi Derecho a Educar en Instagram, 3 Julio 2023.