Los directores de colegios e institutos en España, están obligados a denunciar ante los servicios sociales a los padres que nieguen a sus hijos cambiar de sexo e iniciarse en procesos de hormonación. Así lo establecen 11 de los 13 protocolos escolares de las comunidades autónomas sobre de atención a los alumnos transexuales, actualmente en vigor.
Estas instrucciones, que suponen un riesgo para el pleno ejercicio de la patria potestad, permiten a los menores, además, cambiar de nombre y aspecto en el aula sin hacer antes un cambio registral e incluso, en buena parte de regiones, sin el consentimiento de sus progenitores.
La organización feminista Alianza contra el Borrado de las Mujeres, presentó, el 19 de Abril pasado, un informe en el que analiza los protocolos educativos que 13 gobiernos regionales han ido publicando y actualizando desde 2014 para desarrollar sus “leyes trans autonómicas”. Aunque tendrán que adaptarse a la ley que el Congreso aprobó en febrero de 2023, y que permite la libre «autodeterminación de género» desde los 16 años, todos comparten el espíritu y los principales postulados de la ley nacional.
A fin de verificar el estudio de la asociación feminista, el diario El Mundo, pidió a todas las consejerías educativas, las últimas versiones de los protocolos, y comprobó que ninguno exige un cambio registral, ni tampoco un informe médico o psicológico, para iniciar lo que se conoce como «transición social» del menor, un proceso que comienza modificando nombre y pronombres, la vestimenta y el tratamiento que le otorgan profesores y compañeros y que -advierte la Alianza- «es el primer paso para conducir a los menores a la transición médica, a la hormonación y a las cirugías irreversibles». Este proceso pueden activarlo los padres y también los profesores, aunque no estén cualificados, pero varias comunidades autónomas permiten que lo hagan los propios menores.
¿Qué pasa si los padres se oponen a estos procedimientos?
El protocolo de Cataluña establece que «en caso de que no haya acuerdo entre la familia del menor y el centro educativo con respecto a la valoración de la situación, la dirección informará a la Inspección y valorará la existencia de una posible situación de riesgo o desamparo». «En caso de que alguno de los representantes legales se oponga, la dirección pondrá en conocimiento de los servicios sociales la no coincidencia en el planteamiento de abordaje del caso del menor en situación de transexualidad», indica el elaborado por Navarra. Por su parte, Castilla-La Mancha afirma que «en caso de que los responsables legales muestren señales de no respetar la identidad sexual del menor, se pondrá en conocimiento del Servicio de Familia de la Consejería de Bienestar Social», y Canarias contempla acudir a la Inspección «si el menor no tiene apoyo familiar en su decisión».
La mayoría de protocolos habla de que el colegio debe mediar con las familias y tratar de convencerlas, pero, si eso no da resultado, prevalecerá el «interés superior del menor». Así ocurre en Galicia, que contempla que el director del colegio tome «las medidas precisas» si «alguno de los representantes legales se opusiera» e incluso permite que se activen los protocolos de atención al maltrato infantil «cuando en la actitud de la familia se detecte claramente indicadores de maltrato hacia la identidad de género del/de la menor».
Andalucía, Baleares y Aragón manifiestan, en términos muy similares, que se avisará a las autoridades de protección de menores «en aquellos casos en los que, a causa de la actitud de la familia hacia la identidad de género del alumno o alumna, se detectase indicios de maltrato», fórmula también recogida por el País Vasco.
En la Comunidad Valenciana, «si la familia no reconoce la identidad expresada por el hijo o hija y se observa sufrimiento emocional o psicológico persistente», el director actuará «con determinación»: pedirá que actúe «la unidad de atención» y, «en casos extremos de no colaboración, y agotada la vía del diálogo», el colegio «procederá a la notificación a la consejería de protección de la infancia».
También Madrid contempla que, si los padres se niegan, «y cuando dicha negativa pueda causar un grave perjuicio al menor, deberá notificarse a los servicios competentes en materia de protección a la infancia», aunque en el Gobierno regional puntualizan que este protocolo va a ser revisado, en sintonía con la «profunda reforma» de la ley trans madrileña anunciada por Isabel Díaz Ayuso, Presidente de la Comunidad.
Ninguna otra de las 13 autonomías consultadas por El Mundo ha renegado de sus protocolos trans, a pesar de que las feministas de la Alianza advierten de que «están orientados a validar conceptos acientíficos». Todos los protocolos son muy parecidos, independientemente del signo político de sus gobiernos.
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Fuente: Forumlibertas.com, 20 abril 2023