Dado que los factores culturales y sociales influyen notablemente en las actitudes y conductas sexuales, el estudio y el razonamiento de este tema se hacen ineludibles. Reflexionar sobre la sexualidad humana en la actualidad, nos lleva –necesariamente- a admitir que se trata de un tema complejo, que plantea múltiples interrogantes. Comprender mejor su belleza, implicaciones, complejidad, y también sus riesgos, bien vale el esfuerzo.
Introducción
- Educación sexual ¿integral?
- La perspectiva de derechos humanos
- Una educación “de calidad”
- A nivel regional, América Latina
- Implementación de la ESI en Chile, algunos datos de interés.
- Obstáculos, según diagnóstico de APROFA
- Algunas iniciativas ESI del segundo período del Presidente Piñera
A. Proyecto conjunto de ley ESI del MINEDUC y el MINSAL.
B. Capacitaciones y convenios en “estrategias preventivas” - ESI a partir del nivel parvulario, proyecto “transversal” de Camila Rojas y Jaime Bellolio
- Segundo proyecto ESI desde el nivel parvulario, Camila Rojas
- La Política Nacional del Presidente Boric, de ESI a EASI
- Las Jornadas Hacia una Educación no Sexista
- La reforma curricular
- Convenio entre el MINEDUC y el MINSAL para la prevención de VIH e ITS en estudiantes de la educación superior
- Compromiso con los derechos de los niños trans
- Las Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno
- El Proyecto de Resolución N° 643 de la Cámara de Diputados
- Se aprueba la educación “no sexista”, incluida en la ley de violencia de género
Introducción
La sexualidad constituye una dimensión básica de la personalidad humana, “de nuestra capacidad de comunicarnos, relacionarnos y vivir el amor humano que se manifiesta en la reciprocidad y la complementariedad” (1). En ella concurren componentes que van “más allá de lo biológico o físico, pues comprende una faceta emocional, una intelectual y una espiritual, que la diferencian radicalmente de la conducta animal” (2).
Dado que los factores culturales y sociales influyen notablemente en las actitudes y conductas sexuales, el estudio y el razonamiento de este tema se hacen ineludibles y el tener acceso a información veraz y oportuna, que ayude a comprender mejor su belleza, implicaciones, complejidad, y también sus riesgos, resulta valioso. Reflexionar sobre la sexualidad humana en la actualidad, nos lleva –necesariamente- a admitir que se trata de un tema complejo, que plantea múltiples interrogantes: ¿Qué implicancias corporales y emocionales tiene en una persona la actividad sexual?, ¿cuál es el mejor momento para iniciar la vida sexual?, ¿cómo prevenir eficazmente las infecciones de transmisión sexual?, ¿qué efectos puede tener el uso de hormonas anticonceptivas?, ¿cómo prevenir el embarazo adolescente?, ¿qué papel juegan los padres en la educación sexual de sus hijos? (3); éstas son solo algunas de ellas.
La imposición de la llamada “educación sexual integral” -controvertida visión de la sexualidad- a través de la educación y su implementación a nivel mundial por medio de las políticas públicas, ha sido posible solo gracias al gigantesco entramado de contactos del Sistema de Naciones Unidas, presente con sus agencias y organismos en 193 estados miembros, y a la enorme cantidad de recursos dedicados a ese fin, en su mayoría provenientes de ciertas organizaciones no gubernamentales “de corte filantrópico”, asociadas a las grandes corporaciones internacionales y partidarias del control poblacional.
Aunque sus promotores insistan en que “se ha comprobado que los programas integrales que brindan información correcta y completa sobre salud sexual y salud reproductiva dan lugar a una conducta más sana y mejores resultados, ayudando a niñas, niños y adolescentes a protegerse de los embarazos no deseados, a defender sus derechos, aprender a cuestionar modelos nocivos de masculinidad, feminidad y a protegerse a sí mismos y a sus parejas de las infecciones de transmisión sexual” (4), y el Fondo de Población de Naciones Unidas –UNFPA, por sus siglas en inglés, organismo encargado de la gestión de la salud sexual y reproductiva- afirme que “la constatación de la eficacia de la educación integral de la sexualidad” impulsa su “compromiso para fortalecer los programas de educación sexual existentes y diseñar otros nuevos, dentro y fuera de la escuela” (5), el efecto de su implementación en los países dista mucho de ser beneficioso y de ello dan cuenta las altísimas cifras de infecciones de transmisión sexual –ITS-, embarazo adolescente y aborto, a nivel mundial (6). En 2019, el estudio “A Global Research Review”, realizado en 44 países por el Institute for Research and Evaluation, dejó al descubierto que los programas que buscaban mostrar la efectividad de la ESI evidenciaban deficientes resultados en los casos medidos respecto de la población adolescente, con una falla del 87% en los parámetros de evaluación empleados (uso del condón, abstinencia, embarazo e ITS) (7). De igual manera, estudios muestran que el inicio de la vida sexual en la adolescencia tiene como consecuencia un mayor número de parejas sexuales, lo que se asocia directamente al aumento de las ITS y los embarazos vulnerables, así como a una mayor presencia de conductas de riesgo -no solo de tipo sexual- (8), al consumo de sustancias tóxicas, la agresividad y a un pobre bienestar psicosocial (9).
I. Educación sexual ¿integral?
Naciones Unidas parte de la premisa de que el enfoque con que se ha abordado la educación de la sexualidad, ha estado equivocado desde sus inicios al centrarse “en aspectos biológicos y reproductivos, dejando fuera todo aquello que dice relación con la forma en que se constituyen las relaciones sociales y sexuales de las personas, integrando elementos asociados al género, placer, capacidades diferentes, prevención de violencia de género, diversidades, entre otros” (10.) Según la organización internacional, entender la sexualidad desde lo heterosexual y reproductivo, ha tenido como efecto que “las demás expresiones humanas de la sexualidad, no sujetas a lo binario, se invisibilizan, se discriminan y patologizan”, configurándose “sistemas de desigualdades” (11).
Con el fin –argumentan- de corregir esas desigualdades, se diseñó una estrategia, y así, en la década de los 90, comenzó la conceptualización de la educación sexual con enfoque “integral” y de equidad “de género”, promoviendo el ejercicio del derecho de “niñas, niños y jóvenes a acceder a la formación en sexualidad, aprendiendo no solo sobre salud sexual, anticoncepción y la protección ante infecciones de transmisión sexual y de abusos sexuales”; sino también a tomar “decisiones informadas para su vida y con la libertad de construir su identidad sexual de manera desprejuiciada, sana y sin culpas o recriminaciones sociales” (12).
Fue en 2014 que el UNFPA, siguiendo –entre otros referentes- los parámetros establecidos en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y las “Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad” desarrolladas por la UNESCO -Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2014), definió la educación integral en sexualidad como “un enfoque de la educación sexual basado en los derechos humanos y género, tanto dentro como fuera de la escuela. Una educación basada en el currículo que tiene por objeto dotar a niños, niñas y jóvenes de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan desarrollar una visión positiva de la sexualidad en el contexto de los siguientes aspectos: desarrollo emocional y social”(13).
La Educación Sexual Integral –ESI- es, por tanto, una “construcción social, política y cultural, que comprende lo público y lo privado, y que para ser abordada requiere de “apropiación local y relevancia cultural” en cuanto “a las conductas sexuales se les asignan significados y se les juzgan de acuerdo a los estándares valóricos promovidos en sociedad” (14). Lo anterior, implicaría reconocer el rol fundamental de “las estructuras sociales en cuanto a la asignación de funciones y lugares a los sujetos sobre la base del género, la raza, la clase y la sexualidad; y, a la vez, como las sociedades construyen y legitiman este tipo de estructuras a lo largo del tiempo” (15).
II. La perspectiva de derechos humanos.
Como herramienta de implementación de la estrategia, se elaboró el llamado “enfoque de derechos”, según el cual la educación sexual “podría establecerse más allá de las políticas de prevención del embarazo juvenil, la prevención del VIH/SIDA y la salud sexual y reproductiva”, y comenzar a considerarse también “la perspectiva de género, las identidades sexuales y las políticas de desarrollo humano que envuelven procesos complejos de comprensión, los que requieren de análisis desde las juventudes y sus experiencias en dichos procesos” (16).
El enfoque de derechos humanos probó ser clave en la promoción de esta visión “holística” (17) de la sexualidad y el comportamiento sexual, que va más allá de lo reproductivo, alentando a niños y jóvenes a “adquirir información precisa sobre la sexualidad humana, la salud sexual y reproductiva y los Derechos Humanos” y a internalizar nuevos conceptos como “salud sexual” y “salud reproductiva”, lo que –según el UNFPA- (18) los haría desarrollar la autoestima y la capacidad de negociación, la asertividad, el respeto de los derechos humanos y la igualdad “de género”, capacitándolos para tomar decisiones fundamentadas sobre su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y para desarrollar las habilidades para la vida necesarias para protegerse a sí mismos respetando a su vez los derechos de los demás (19.)
Aplicar el enfoque de derechos humanos a la educación sexual, tuvo por efecto convertir al Estado en el garante de esos derechos, obligándolo, en consecuencia, a asegurar su pleno ejercicio a las personas bajo su jurisdicción. Como explican sus partidarios, “al involucrar directamente a las personas en las decisiones públicas, existe un diálogo permanente, que permite que las decisiones de cada gobierno no sean tomadas de manera arbitraria, sino más bien, que traigan aparejadas el compromiso de avalar los derechos humanos” (20).
III. Una educación “de calidad”
En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud –OMS, el organismo de Naciones Unidas encargado de gestionar esa área-, instauró el término “salud sexual” definiéndolo como “un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, la cual no es la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia” (21).
Siendo la niñez y la adolescencia, etapas sensibles a la vez que significativas para potenciar el desarrollo de las personas y, por tanto, de los países, vieron como oportunidad para lograr una amplia adhesión a este “enfoque de género”, el ofrecer como “estrategia de calidad de vida actual y futura, que contribuya al desarrollo de su bienestar y salud”, la promoción de una “educación de calidad” que incorpore la educación de la sexualidad como derecho humano. Aunque diferentes grupos o “colectivos” de la sociedad civil han puesto en marcha “programas de transformación de género, como los que involucran a hombres y niños para que desafíen los roles masculinos tradicionales”, son conscientes de que las escuelas desempeñan un papel fundamental en el objetivo buscado. Por ello, aunque la integración del género en los planes de educación sexual integral es un paso esencial, el esfuerzo por ampliar el plan de estudios y convertirlo en parte y marco de otras asignaturas no debe ceder (22.)
Para dimensionar el alcance de la imposición de estas ideas a nivel mundial y el accionar de los organismos internacionales, es necesario tener presente que esta educación sexual en clave “integral” es pieza fundamental de la “educación de calidad” que constituye el objetivo de desarrollo sostenible N° 4 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, suerte de nuevo código de ética planetaria universal, que obliga a los países a modificar sus legislaciones según las pautas que ordena el nuevo orden mundial que se pretende imponer. De ahí que los planes y programas sobre “educación sexual integral” sean implementados en ellos, con mayor o menor intensidad, dependiendo de los gobiernos de turno.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- y 169 metas que la conforman -todos interrelacionados e interdependientes-, se articulan en grupos de conjuntos y subconjuntos, proclamando que no es posible lograr el desarrollo sostenible sin que se cumplan todos y cada uno de ellos, según los propósitos declarados. Solo en un escenario como el descrito es posible entender que una “educación de calidad” incluya la entrega de información sexual explícita en la sala de clases y desde la educación parvularia -como ocurre en la actualidad-, a pesar de que ello contradice la evidencia científica, en cuanto exacerba la curiosidad en una etapa demasiado temprana del desarrollo humano, dejando a los niños vulnerables y expuestos a transformarse en víctimas de adultos abusadores.
IV. A nivel regional, América Latina
Las políticas sobre sexualidad en América Latina y el Caribe, datan de los años sesenta. Partieron con lo que algunos califican como enfoque “biologicista”, centrado en el control de la natalidad en la Región, y una década más tarde, países como Argentina, Chile, México, Brasil, Venezuela y Colombia, ampliaron la discusión pública a temas como las ITS y establecieron propuestas curriculares de carácter experimental en la educación, tanto formal como informal.
A partir de los años ochenta, se intensificó lo que llaman el “enfoque preventivo y de riesgos”, de la mano con la aparición del VIH-SIDA y la prevención del embarazo juvenil, comenzaron las acciones conjuntas entre los Ministerios de Educación y de Salud de los países. Es en esa época que la educación sexual dio un giro orientándose al –supuesto- mejoramiento de la calidad de vida, generándose controversia y situándose el tema en el debate público por cuanto los planes y programas, en lugar de prevenir, alentaban las conductas sexuales de riesgo, especialmente en los jóvenes. En la década de los noventa, se fortalecieron las relaciones intersectoriales entre los Ministerios de Educación y de Salud de la Región y, con el apoyo técnico y financiero de ONUSIDA (23), se llevaron a cabo numerosas actividades y acciones organizadas por universidades y organizaciones no gubernamentales, dándose comienzo a la conceptualización de la educación sexual “con enfoque integral” y la promoción de la “equidad de género”.
El año 2007, en Buenos Aires, Argentina, tuvo lugar la iniciativa “Armonización de las Políticas Públicas para la Educación Sexual y la Prevención del VIH-SIDA y Drogas en el Ámbito Escolar”, con la participación de representantes de los Ministerios de Educación y Salud de Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, instancia donde cada país se comprometió a la evaluación del proyecto y a intercambiar experiencias sobre los avances en la materia.
En 2008, en la “Primera Reunión de Ministros de Salud y Educación para detener el VIH e ITS en Latinoamérica y el Caribe”, realizada en México, D.F., los representantes de 17 países de la Región -Chile entre ellos- en conjunto con representantes de la ONU, suscribieron en México D.F. la “Declaración Ministerial: Prevenir con Educación”, con el fin de monitorear el avance de los países en temas de salud sexual, salud reproductiva y educación integral de la sexualidad. Esta Declaración, vino a reafirmar el “compromiso” entre el derecho a la salud y el derecho a la educación, estableciéndose como fundamentales para el desarrollo integral de las personas, y sustentándose la educación sexual en un enfoque de derechos humanos. El objetivo para la Región -según se expresó en esa oportunidad-, era reducir en un 75%, las escuelas bajo la jurisdicción de los ministerios de Educación que no impartían ESI, y al 50%, los adolescentes y jóvenes “sin cobertura en necesidades sexuales y reproductivas”. Sin embargo, los resultados a nivel nacional, dados a conocer en 2015, estuvieron muy por debajo de lo esperado: mientras el promedio de avance general de los países en ambas temáticas fue de 69%, Chile obtuvo el más bajo de la región, con 39%.
V. ESI en Chile, algunos datos de interés.
La “educación” sexual en Chile tiene una historia de normativas e implementación que ha ido variando según el contexto histórico. A grandes rasgos, se constata que desde las agencias y organismos del Sistema de Naciones Unidas operativos en el país (24), se ha llevado a cabo un trabajo metódico y sostenido en el tiempo, con el fin de impulsar y concretar su implementación.
El primer programa formulado por el Ministerio de Educación, data de los años sesenta, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Se llamó “Vida Familiar y Educación sexual” y estaba enfocado –principalmente- “en aspectos biológicos de reproducción humana y anticoncepción, fundamentados en el aumento demográfico, las altas tasas de aborto y muertes maternas” (25). El programa fue continuado durante el gobierno de Salvador Allende con el objetivo de implementarlo en la educación pública. Durante el gobierno militar fue suspendido y la educación en sexualidad se dejó en manos de la familia, en concordancia con la libertad de enseñanza consagrada en la Ley Orgánica Constitucional de Educación.
Al asumir el Presidente Patricio Aylwin, “comenzó un período de definiciones en el ámbito de la educación sexual, con objetivos formativos claros y esperanzadores” (26) y se desarrollaron estudios por el Servicio Nacional de la Mujer –SERNAM, también creado en esa época-, universidades y organizaciones no gubernamentales, entre otros. En 1991, el Ministerio de Educación publicó “Hacia una política de educación sexual para el mejoramiento de la calidad de la educación”. Dos años después, el documento “Política de Educación en Sexualidad: para el mejoramiento de la calidad de la Educación” (1993), utiliza por primera vez los términos “salud sexual” y “salud reproductiva”.
En el año 1994, Chile participó en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo (el Cairo) y aunque esa instancia no logró el consenso internacional respecto de estos temas, quedando varios de ellos “entre corchetes” o pendientes, los representantes de nuestro país a la fecha “se comprometieron” a promover y a implementar “los temas de educación y atención en materia de salud sexual y reproductiva como Derecho Humano, así como también promover en los Ministerios de Salud nuevos enfoques de educación y formación en sexualidad” (27).
Así, en 1996 se iniciaron las controvertidas Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad –JOCAS-, financiadas y apoyadas técnicamente por el UNFPA, en los que participaban “los distintos actores de la comunidad educativa con el objeto de generar diálogos en torno a la sexualidad.” Las JOCAS fueron severamente criticadas por la ausencia de contenido valórico del programa. A pesar de ello, sus promotores las consideran “uno de los ejemplos más importantes en Chile de experiencias educativas en salud sexual con perspectiva de derecho, así como un referente internacional” (28).
En el año 2001, los Ministerios de Educación, Salud y el SERNAM, impulsaron otro programa de sexualidad, esta vez de corte interministerial; y el 2004, el Ministerio de Educación propuso un plan de acción con metas y estrategias “desde una perspectiva de derechos y responsabilidad del Estado frente a las necesidades de la comunidad educativa” (29), convocándose una “Comisión de evaluación y recomendaciones sobre educación sexual” integrada por “personalidades y actores del sistema educativo para abordar los desafíos que implica la formación de la afectividad y sexualidad de la niñez y juventud en edad escolar” (30). El 2005 surgió un nuevo programa: el “Plan en educación en sexualidad y afectividad” y se creó la secretaría técnica de educación sexual. En 2010, al finalizar el primer período presidencial de Michelle Bachelet, se publicó la ley 20.418 que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad y establece como obligatoria la educación en sexualidad para la enseñanza media. Sin embargo, al no especificar cómo iba a desarrollarse ese mandato, tampoco logra el objetivo de implementar de manera general la ESI en el país, manteniéndose la educación sexual “al arbitrio de los establecimientos educacionales” (31).
- Obstáculos, según diagnóstico de APROFA.
En el estudio “Educación Sexual en Chile. Orientaciones para una Política Pública” (2018), APROFA -Asociación Chilena de Protección a la Familia, estrecha colaboradora de Naciones Unidas-, postula que la implementación de la ESI en el país se ha visto obstaculizada por habérsele asignado una función de complemento a las políticas médicas de “regulación de la fertilidad”. Educación y salud –afirman- no habrían sido tratadas como temas conjuntos o interrelacionados que llegan a fines comunes, sino que la biología, en lugar de permanecer neutra, tuvo una preponderancia y un respaldo mayor que la educación. Ello vendría a confirmarlo la ley 20.418 (2010) al establecer que es el Ministerio de Salud la institución que debe generar un reglamento que disponga el modo en que los órganos con competencia en la materia harán efectivo el derecho a la información. (32)
De acuerdo al estudio, lo protegido en la ley no sería el derecho a la educación en sexualidad, sino más bien el derecho al acceso a la información en sexualidad que permite a las personas decidir respecto de la cantidad y la posibilidad de que los recintos educacionales impartan un programa de sexualidad en la enseñanza media, en la medida en que este no sea contrario a los principios y valores del establecimiento. Ello generaría -en su opinión-, una especie de “filtro” que, en definitiva, colisionaría con los derechos de los estudiantes al ser “alejados”, en la mayoría de los establecimientos, de una educación integral. (33)
La normativa existente, entonces, no pasaría de ser una declaración de intenciones, por cuanto la política en educación sexual debiera incluir los objetivos y resultados esperados, las estrategias para lograrlo, y las metas mínimas en un plazo esperado de planificación, requisitos que estimaban no se cumplían. “Los programas creados para cumplir con la ley perpetúan la desigualdad en espacios educativos, en tanto no apuntan en su conjunto a una educación inclusiva, laica, y garante de los derechos humanos, sino más bien se dirigen al mantenimiento del estado de las cosas, restringiendo el derecho de los estudiantes a la educación integral de la sexualidad”, concluían. (34)
Siguiendo este razonamiento, dado el rol que se asigna al Estado como garante de derechos, APROFA considera imperativo que la regulación en materia jurídica vaya acompañada de una “voluntad política institucional que la respalde de manera concreta a través de financiamiento y definición organizativa” e insiste en que la responsabilidad de la educación en sexualidad debe estar a cargo del Estado. Sostiene que la complejidad que ésta conlleva, obliga a la creación de marcos normativos y jurídicos que la respalden, por lo que las políticas resultantes de ellos, su contenido, evaluación y supervisión aparejadas, requerirían, además, de una “relación simbiótica con los Servicios de Salud” que permita “ampliar las experiencias y otorgar certezas e informaciones propias del área en materia de salud sexual y reproductiva”. (35)
Rol del Ministerio de Educación:
La delineación y funcionamiento del sistema educativo tiene como base las políticas establecidas desde el Ministerio de Educación en las bases curriculares, las que definen Objetivos de Aprendizaje –OA- y Objetivos de Aprendizaje Transversales –OAT. Los OA, se establecen por curso y asignatura y dicen relación con las actitudes, conocimientos y habilidades que se espera logren los estudiantes en su trayectoria escolar, definidos como meta país. Los OAT, establecidos en la Ley General de Educación, que se refieren al desarrollo personal y a la conducta moral y social de los estudiantes, y “trascienden” por curso y disciplina. Tanto unos como otros son obligatorios para los establecimientos educacionales, pero las formas de abordarlos pueden ser variadas. Así, los planes y programas de estudio pueden ser elaborados por los propios establecimientos educacionales de acuerdo a las necesidades específicas de cada comunidad escolar, con la condición que tengan como fin el logro de la meta país definida en las bases curriculares.
Los OA, tienen indicadores específicos por curso y asignatura que deben ser enseñados en el establecimiento educacional. El aprendizaje de estos indicadores es medido a través de métodos de evaluación de manera sistemática. De esta manera, el establecimiento educacional asegura estar trabajando en relación a lo que las bases curriculares especifican. Los OAT, en cambio, al estar desprovistos de indicadores de aprendizaje y establecer solamente “dimensiones” que orientan el trabajo pedagógico, no son “operacionalizados”, por lo que su evaluación no es regulada ni es específica, siendo ello un problema al momento de evaluar cómo son abordadas las temáticas transversales asociadas a la sexualidad, afirma el estudio.
En 2011, la creación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación –SAC- en la ley 20.529, generó indicadores de desarrollo social y personal de los estudiantes, enfocados en la evaluación de una “educación sexual integral”, clasificados por grupo, cada cual con un formato evaluativo distinto. Así, los indicadores de autoestima académica y motivación escolar, clima y convivencia escolar, participación y formación ciudadana y, hábitos saludables, se evalúan a través de cuestionarios aplicados en el SIMCE, en tanto que los indicadores de asistencia escolar, retención escolar, equidad de género y titulación técnico profesional se establecen de acuerdo a registros de la Agencia de Calidad de la Educación y el Ministerio de Educación.
Aun cuando para APROFA tanto la Ley General de Educación como el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación “plantean un espíritu integrador con indicaciones de equidad” y presentan la educación como “medio para generar una cultura nacional diversa, solidaria, democrática y activa en la comunidad”, les objeta que no contemplen “los entornos educativos violentos con las diversidades sexuales, ni las prácticas no binarias, el enfoque de género; heteronormado en su valor”, y que los docentes no cuenten con formación profesional respecto del tema, lo que podría llevar a “la reproducción de enfoques orientados a la mantención del estatus quo.” (36) Estiman que la ausencia de educación sexual integral en los planes de estudio de todos los niveles, no solo dejaría un enorme vacío en la formación humana de niños y jóvenes, con consecuencias graves que irían más allá de los embarazos juveniles y el contagio de ITS y/o VIH, sino que además favorecería “las relaciones sociales basadas en una estructura patriarcal, violenta, estereotipada, racista, homofóbica y prejuiciosa”, dando lugar “situaciones generalizadas de discriminación, intimidación, acoso, abuso, deserción escolar”, entre muchas otras. (37)
En este punto, el estudio afirma que no existiría ningún parámetro claro para evaluar el desarrollo social de los estudiantes, sino que lo único que se hace es destacar o establecer “un espíritu o principio general con una función nominal, para cumplir con los parámetros exigidos por la comunidad nacional e internacional”. Por ello, resultaría imperativa la revisión de la normativa sobre educación sexual a fin de dar lugar a un “proyecto pedagógico de educación integral de la sexualidad (…) fundamental para el desarrollo óptimo de las personas como sujetas (sic) activas de derechos con las competencias y habilidades cognitivas, emocionales y científicas necesarias para la vida en comunidad”, proyecto que debería contar con medidas que vayan más allá de las necesidades inmediatas, a fin de “transformar las condiciones estructurales que permean el estado de las cosas”. (38)
Rol del Ministerio de Salud:
Como la salud es un derecho humano reconocido por los distintos pactos internacionales ratificados por Chile, y en APROFA sostienen que la salud sexual se encuentra inmersa en este derecho, concluyen que ello daría lugar al “derecho humano a la salud sexual”, que debe ser protegido por el Estado, encontrándose obligado a la promoción del mismo y a la formulación de políticas públicas que permitan su pleno ejercicio. (39)
En Chile, las políticas en torno a la sexualidad comenzaron en los años 60, cuando organismos internacionales recomendaron al país disminuir las tasas de crecimiento demográfico para “alcanzar el desarrollo económico y controlar el conflicto social”, tema también establecido por la Alianza para el Progreso. (40) Lo anterior llevó a la implementación de las primeras políticas públicas de planificación familiar durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, época en que se inició también un “programa de salud familiar, regulación de la reproducción y paternidad responsable”, que propició el control de la natalidad. (41) Así, luego de la 8° Conferencia Internacional de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, realizada en Chile del 9 al 15 de abril de 1967, se firmó, al año siguiente (1968), un convenio entre el Servicio Nacional de Salud y APROFA (42) para establecer un programa de control de la natalidad en el país.
En 1990, durante el gobierno del Presidente Patricio Aylwin, se generaron las bases para la planificación familiar en el país y en 1991 se formuló el Programa de Salud Materna que incluyó el llamado “control de paternidad responsable”. En el año 1997, se creó un nuevo programa de control de la fecundidad enfocado en la atención integral a las mujeres en edad fértil. En 2006 se promulgaron las “Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad”, elaboradas por el Ministerio de Salud en conjunto con el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva –ICMER- y APROFA (43), normas que fueron requeridas ante el Tribunal Constitucional en relación al capítulo de anticoncepción, en atención al carácter abortivo del anticonceptivo de emergencia, también llamado “píldora del día después”. En 2008 el Tribunal Constitucional acogió este punto del requerimiento, fundamentando su decisión en la duda razonable que les cupo respecto al efecto abortivo de dicho anticonceptivo (44). En el año 2010, se promulgó la referida Ley 20.418 que Fija Normas Sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad, vigente hasta el día de hoy.
El acceso generalizado y promovido desde el Estado a esta “regulación de la fertilidad” –como suelen llamarle sus promotores-, ha tenido como efecto la disminución significativa de la natalidad en el país, pasando de 3,7 hijos por mujer en 1970, a 2,6 en 1990, y a 1,3 en 2023, cifra esta última muy por debajo de la tasa de recambio poblacional de 2,3 hijos por mujer que establece la OMS. Según datos del Registro Civil, solo 173.920 nacimientos se registraron en 2023 en el país; la cifra más baja en una década. A fines de 2022, el Instituto Nacional de Estadísticas -INE- ya alertaba sobre este este escenario, como “irreversible y de rápido avance”, y proyectaba que en 2024, la proporción de personas mayores sería superior al porcentaje de menores de 15 años, en tanto que en 2026, las personas de 60 años y más superarían el 20%, entrando el país en una etapa “muy avanzada” de envejecimiento poblacional (45).
El estudio elaborado por APROFA finaliza identificando ciertos “ejes” fundamentales para “avanzar” en una política nacional de ESI (46): Para comenzar, ven imprescindible una ley que establezca “el derecho a una educación integral de la sexualidad, con marcos jurídicos que la sustenten, planificación adecuada, coordinación intersectorial y mecanismos de fiscalización de su aplicación.” En segundo lugar, plantean una política y un programa de educación sexual con enfoque de derechos humanos, que promueva “la igualdad entre géneros, el derecho a la salud y la no discriminación”, basada en información “científicamente exacta” y “de calidad” para que los jóvenes puedan decidir sobre el ejercicio de su sexualidad en un ambiente seguro y saludable, con métodos de enseñanza participativos e integradores que “releven” actos relacionados con violaciones de derechos humanos y violencia de género. En tercer lugar, ven necesario un plan estratégico de coordinación intersectorial en la recolección de datos y estadísticas para el diseño de políticas públicas, así como también en materia de presupuesto, a fin de generar financiamiento adecuado para los objetivos de la política nacional. En cuarto, la creación de medios para que la Política tenga un carácter integral, sistemático, multifacético, intersectorial y participativo, y su implementación pueda ser adecuadamente monitoreada y evaluada. Por último, consideran imprescindible la capacitación de los docentes de todos los niveles en educación sexual integral y derechos humanos, a cargo del Ministerio y la importancia de que la ESI se encuentre establecida en los objetivos de aprendizaje de las bases curriculares y en las mallas de formación inicial docente.
2. Algunas iniciativas ESI en el segundo período del Presidente Piñera.
A. Proyecto conjunto de ley ESI del MINEDUC y el MINSAL.
El 15 de mayo del 2019, los entonces ministros Marcela Cubillos (educación) y Emilio Santelices (salud), presentaron un proyecto de ley para ampliar la cobertura en la entrega de educación sexual desde quinto año básico, introduciendo modificaciones a la ley 20.418 según la cual los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado estaban obligados a impartir programas especiales de educación sexual a partir de primer año medio, situación que a ministra Cubillos calificó en esa oportunidad como “llegar tarde”(47).
“Creemos que fortalecer la educación sexual y trabajar mancomunadamente las mallas curriculares desde el quinto grado de enseñanza básica es una materia que, como país estamos preparados y debemos abordar. Debemos entregar herramientas para que ellos puedan tener una educación sexual integral y que con ellas puedan abordar de mejor manera situaciones que deban enfrentar en relación a comportamientos de riesgo, de abuso, que ponen en riesgo su salud y su calidad de vida y que muchas veces marcan su futuro” (48), señalaba el ministro Santelices.
Desde el gobierno, justificaron la iniciativa como una necesaria respuesta a lo que calificaban como “complejo” aumento de casos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual y los índices de embarazo adolescente, especialmente en menores de 15 años, donde las tasas no habían alcanzado una reducción significativa. “La salud sexual debe defender, proteger, mantener y respetar los derechos sexuales de todas las personas” (49), afirmaban. El proyecto, ingresado a la Comisión de Educación del Senado para su tramitación, pretendía “preparar a niños y jóvenes para enfrentar y vivir su sexualidad de manera segura y responsable a través de la entrega de información, habilidades y valores”(50). Con ese fin, el MINEDUC debía entregar orientaciones a los establecimientos educacionales para la elaboración de su respectivo programa de educación sexual obligatorio, sin perjuicio de lo cual pondría a su disposición distintas alternativas de programas de educación sexual para su implementación, los cuales deberían reconocer el desarrollo progresivo e integral de los alumnos y la diversidad de proyectos educativos.
B. Capacitaciones y convenios en “estrategias preventivas”.
A esa fecha, sin embargo, el segundo gobierno de Sebastián Piñera ya había adelantado trabajo, capacitando a 5 mil directivos, docentes y asistentes de educación de 5° básico a IV° medio, en estrategias preventivas a través del curso online “Enfrentando el VIH/SIDA y las ITS: Una tarea de todos”, diseñado e implementado por el MINSAL, donde se entregaron las orientaciones prácticas para llevar a cabo estas estrategias en la sala de clases (51).
En esa misma línea, en noviembre de 2018, se había aprobado mediante decreto exento, un convenio de colaboración y transferencia de recursos entre Ministerio de Educación y la Universidad de la Frontera para la ejecución de un “Programa de prevención de enfermedades de transmisión sexual” que contempló la realizaron 40 “conversatorios” con estudiantes de enseñanza media de establecimientos educacionales municipales y subvencionados de las regiones de Antofagasta, O´Higgins, Araucanía y Región Metropolitana. La actividad era “apoyada” por el MINSAL a través de la entrega de preservativos en los establecimientos interesados (52).
Un mes antes, en octubre de 2018, el Ministerio de Salud y las 18 Universidades que se agrupan en el CUECH -Consorcio de Universidades del Estado de Chile-, habían firmado un convenio de colaboración para la Prevención y Control del VIH/Sida e ITS, mediante el cual ambas partes se comprometían a desarrollar “políticas de información y prevención” del VIH/SIDA y de las ITS, dirigidas a los estudiantes y trabajadores de las universidades del país, capacitando y fomentando el uso de preservativos masculinos y femeninos (53).
3. ESI a partir del nivel parvulario, proyecto “transversal” de Camila Rojas y Jaime Bellolio:
El 12 de septiembre de 2019, Camila Rojas (Comunes) y Jaime Bellolio (UDI), entonces miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, presentaron un proyecto de ley para impartir educación sexual integral -ESI- desde el nivel parvulario, adelantando la entrega de contenidos que, hasta esa fecha, se veían a partir de 1º medio. La moción parlamentaria llevó la discusión sobre el tema al Congreso, y fue el espaldarazo que necesitaba la implementación formal de la ESI en nuestro país. La peculiaridad de que uno de sus promotores fuera el UDI Jaime Bellolio, le valió al proyecto la calificación de “iniciativa transversal”, en los medios de comunicación.
Rojas y Bellolio justificaban su propuesta en que la educación sexual en Chile era “insuficiente” “por estar basada en una perspectiva conservadora y criminalizada” (54) y enfocada en la regulación de la fertilidad. Así lo dejaba en claro el proyecto de ley, al establecer en sus Antecedentes: “(…) la regulación existente está planteada desde el enfoque sanitario, centrada en aspectos de fertilidad y supeditada a los principios y valores de cada establecimiento educacional omitiendo que constituye un derecho humano de las niñas y niños, y que la dimensión sexual del ser humano no se constituye ni reduce a cuestiones reproductivas o de cuidado de transmisión de enfermedades. La construcción social de la sexualidad, la identidad de género, la relación con nuestro cuerpo, el placer, el cuidado, el autoestima, el amor, el auto conocimiento y por sobre todo, la violencia sexual que vulnera a la infancia, que normaliza abusos y violaciones correctivas, son imperativos para nuestro desarrollo y deben ser considerados desde la sala cuna hasta la universidad”. Se quejaba Rojas de que “la educación sexual en Chile es más bien inexistente. Pese a que en 2010 se volvió obligatoria para la enseñanza media en los colegios, en la práctica no se hace o queda supeditada a lo que se ha llamado el proyecto educativo, que, en general, es la forma en que se ha instalado el conservadurismo y el silencio” (55).
Rojas, quien a esa fecha presidía la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, había sido particularmente crítica de la iniciativa conjunta del MINEDUC y el MINSAL, manifestando que si aquel proyecto no se traducía en “un derecho de educación sexual informada y pertinente”, no se lograría avanzar porque la bajada quedaría “al arbitrio de los programas educativos o a la visión de los apoderados de un colegio”. “La educación sexual debe dejar de ser una carga privada de las familias y no puede ser una voluntad antojadiza de los establecimientos” (56).
La propuesta parlamentaria (57) llevó por título “Bases Generales para la Educación Afectiva y Sexual de niños, niñas y adolescentes, en los establecimientos educacionales” (boletín 12.955-04) y surgió luego de tres jornadas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil (58) convocadas para abordar el panorama de la educación sexual en Chile y la “necesidad de afrontarla desde una óptica integral, laica e inclusiva, como un derecho de los niños, niñas y adolescentes” (59). Su elaboración se hizo conforme a las directrices impartidas por las agencias de Naciones Unidas UNESCO y UNICEF, y contó con la participación del Colegio de Profesores, APROFA y la Corporación Miles, entre otros.
Como antecedentes, el proyecto citaba el avance del movimiento feminista en nuestro país y el cuestionamiento al orden de las cosas que ello implicaba, a lo que sumaba factores como el aumento en los índices de enfermedades de transmisión sexual -concentrado particularmente en la población adolescente con VIH-, el abuso sexual infantil y la violencia “de género” que representaba, según señalaba la moción, “la expresión latente de una cultura que reproduce estereotipos y modelos de relacionarse machistas. Los grandes problemas que han tenido las políticas públicas de educación sexual en las últimas décadas dicen relación con dos cuestiones fundamentales. Por un lado, se aborda desde una arista valórica y no social, cuya óptica se reduce a una responsabilidad exclusiva que se impone a las familias desde el conservadurismo, la morbosidad y criminalización; y por otro lado, ese abordaje se realiza desde el ámbito de la salud, especialmente enfocado en fertilidad, sin entender la sexualidad y afectividad como una cuestión integral, propia de las personas”.
Entre sus aspectos centrales figuraba la “adecuación de la normativa a los estándares internacionales de derechos humanos”; el reconocimiento y consagración de la ESI como derecho humano de los “niños, niñas y adolescentes”; la obligación de impartir la ESI desde la educación parvularia; trasladar la ESI desde el enfoque sanitario al educacional; la incorporación en todas las carreras universitarias de pedagogía de un ramo obligatorio de ESI (60); la enumeración de los principios rectores y objetivos de aprendizaje mínimos, como “prevenir la violencia de género y el abuso sexual, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no programados”; la incorporación –a cargo del Ministerio de Educación- de “Objetivos de Aprendizaje Transversal” a las bases curriculares y “Objetivos de Aprendizaje” a las asignaturas ya existentes, incluyendo propósitos explícitos y enfoques de las asignaturas orientadas a la “educación en sexualidad, afectividad y género”, fomentando el “respeto por la diversidad y la no discriminación, especialmente basada en el sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género”. Finalizaba estableciendo la potestad de la Superintendencia de Educación para sancionar el incumplimiento de la normativa.
Aun cuando en la votación en general en la Cámara, la propuesta fue aprobada por 8 votos a favor y 5 en contra, al votarse el articulado, no alcanzó el quórum requerido y fue finalmente rechazada el 15 de Octubre de 2020 y posteriormente archivada.
4. Segundo proyecto ESI desde el nivel parvulario, Camila Rojas
Transcurrido el plazo reglamentario de un año luego que fuera rechazada la iniciativa de Rojas y Vellorio, el proyecto fue reingresado –con algunas modificaciones- por Rojas a la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2021. Esta vez, el énfasis estuvo puesto en “establecer un marco normativo general en materia de educación en afectividad, sexualidad y género, en el entendido que ello corresponde a un derecho humano cuya titularidad pertenece a niños, niñas y adolescentes”(61).
Al momento de presentarlo, Rojas manifestaba, además, la necesidad de que el tema formara parte del debate presidencial y parlamentario: “Sabemos que hay elecciones de aquí a fin de año y que este Congreso va a cambiar, por lo mismo, nos parece clave que se le pregunte a los candidatos si están de acuerdo o no con la educación en sexualidad durante todo el ciclo educativo, porque a nosotros nos parece que es un avance clave” (62).
En detalle, el nuevo proyecto establecía que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado debían “incluir en los niveles de enseñanza parvulario, básica y media, educación en afectividad, sexualidad y género con una perspectiva de derechos humanos, siendo deber del Estado la protección, promoción y garantía del ejercicio pleno de este derecho humano”; a la vez, consideraba la capacitación de profesores y -a diferencia del proyecto rechazado en la Cámara un año antes-, incorporaba en el articulado la participación de padres y apoderados; permitía que los establecimientos educacionales propusieran metodologías diversas a las señaladas por el Ministerio de Educación, con la “única” limitación de que incluyeran los contenidos mínimos establecidos por la ley y las Bases Curriculares para cada ciclo educativo, “desde una visión laica, científicamente adecuada y actualizada, crítica y libre de sexismo”(63). Por último, contemplaba la posibilidad de que los establecimientos educacionales realizaran actividades o informativos para padres, cuidadores y apoderados relativos a la formación en “afectividad, sexualidad y género adoptada por el establecimiento”, así como otras actividades conexas para la comunidad educativa, y se establecía la obligación de mantener a disposición de las familias los contenidos y materiales a ser utilizados.
5. La Política Nacional del Presidente Boric, de ESI a EASI
A principios de 2022, en su primera cuenta pública, el Presidente Boris anunciaba que su gobierno se comprometía a ingresar, durante el segundo semestre de ese año, un proyecto para tener en Chile una “Política Nacional de Educación Sexual Integral” aplicable a todos los niveles de enseñanza, por considerar insuficiente lo existente en el país, a esa fecha, en la materia. Desde el Ministerio de Educación, en tanto, revelaban algunas de las medidas tendientes a llevarla a cabo, las que englobarían “todo lo que se está haciendo -y se quiere seguir haciendo- en cuanto a género, diversidad y educación sexual, desde ‘Jornadas Hacia una Educación no Sexista’, pasando por la conformación del Consejo Asesor para la Convivencia y la no Violencia, hasta llegar al anuncio del Mandatario” (64).
A. Las Jornadas “Hacia una Educación no Sexista”:
Realizadas conjuntamente por el MINEDUC y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, eran inicialmente 12, distribuidas en tres por año, entre 2022 y 2025. Se llevarían a cabo en todos los establecimientos educacionales del país con el propósito -decían desde el Ministerio- de “abrir espacios de diálogo, encuentro y formación para promover la sensibilización y transformación de las prácticas sexistas al interior de las comunidades educativas” (65).
La primera Jornada, se realizó el 19 de abril 2022 y en ella participaron 1.364 establecimientos educacionales, tanto municipales como subvencionados y pagados. El sector público destacó por su adhesión ya que de los 859 establecimientos de enseñanza media municipales y de Servicios Locales de Educación que imparten enseñanza media, 809 participaron de la jornada, lo que corresponde a un 94% (66).
Para organizarla, los establecimientos recibieron orientaciones para equipos directivos y material diferenciado para 7°, 8°, I°, II°, III° y IV°. El diseño de los documentos y el material “pedagógico” usado en estas jornadas estuvo a cargo de una mesa de trabajo integrada por representantes del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el INJUV, las tres subsecretarías del Ministerio de Educación –Educación, Educación Parvulario y Educación Superior-, la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad de la Educación y la Unidad de Currículum y Evaluación. Asimismo, su estructura y objetivos fueron “socializados” con actores de la sociedad civil “especialistas en temáticas de género y disidencias sexuales” (67).
“En todo el país hay establecimientos realizando estas Jornadas de Educación No Sexista. Para nosotros como Ministerio de Educación, y también como gobierno que se declara feminista, es fundamental instalar estas temáticas y darnos cuenta de que los espacios escolares son los primeros formadores”, decía el Ministro de Educación Marco Antonio Ávila en el acto inaugural llevado a cabo en el Liceo Guillermo Labarca A-78, Quinta Normal (68). Por su parte, el entonces Subsecretario y actual Ministro de la cartera, Nicolás Cataldo –quien encabezó su puesta en marcha en la Región de Valparaíso-, enfatizaba que “es compromiso de nuestro Presidente, como gobierno feminista, avanzar hacia una ley de educación sexual integral y, por tanto, hoy día damos inicio a este proceso que no termina. Durante estos cuatro años de gestión avanzaremos en jornadas anuales para profundizar los conceptos que tienen que ver con la educación no sexista en nuestras comunidades educativas” (69).
Una segunda Jornada Hacia una Educación no Sexista, denominada “Nuestras voces hacen ley”, se enmarcó en el “proceso participativo” del proyecto de ley de una “Política Nacional de Educación en Afectividad y Sexualidad Integral”, y en ella participaron estudiantes de pre kinder a IV medio, padres, apoderados y “trabajadores de la educación”.
La instancia estuvo dirigida a las comunidades educativas de todos los establecimientos educacionales del país -municipales, subvencionados y particulares- y tuvo lugar entre el 17 de octubre y el 18 de noviembre de 2022, plazo posteriormente ampliado hasta el 15 de diciembre de ese año. La convocatoria fue de aproximadamente 4.000 establecimientos, a lo largo del país.
La novedad de esta segunda Jornada vino por partida doble. En primer lugar, el Ministerio buscó esta vez involucrar a padres, apoderados y “trabajadores de la educación”, para hacerlos “protagonistas de este proceso participativo”, proveyéndolos de material especialmente diseñado al efecto. La Jornada constaba de un bloque formativo y uno participativo. Las reflexiones surgidas en el bloque participativo debían consolidarse en actas de registro y ser subidas por los docentes que participaran en las actividades, a la plataforma habilitada “educacionnosexista.mineduc.cl”, para su posterior sistematización por la Unidad de Inclusión y Participación del Ministerio, con el fin de iniciar el trabajo pre legislativo del proyecto de ley.
La otra novedad fue la introducción de un concepto nuevo en la promoción y socialización del proyecto. Con fines estrictamente comunicacionales y para precaver una eventual oposición de sectores más conservadores, el MINEDUC vio necesario darle un matiz al nombre del proyecto original agregando el concepto de afectividad, pero dejando en claro que “el espíritu” se mantenía ya que “el diseño y presentación de un proyecto de educación en afectividad y sexualidad con enfoque integral es parte de los compromisos del gobierno en materia legislativa y busca promover el bienestar de las y los estudiantes y la sana convivencia en las escuelas” (70). Este punto, de hecho, había sido advertido al ministro Ávila por algunos de sus pares de otros países en mayo de 2022, cuando asistió al 111° Encuentro de Ministros y Ministras de Educación de América Latina y el Caribe en Buenos Aires, Argentina, oportunidad en que le recomendaron que, comunicacionalmente, comenzar a hablar de afectividad para referirse al proyecto ESI facilitaría su tramitación en el Congreso.
De esta manera, de “Educación Sexual Integral” –ESI- el proyecto pasó a denominarse “Educación en Afectividad y Sexualidad Integral” –EASI– y el Ministerio inició contactos con distintos actores ligados al mundo educativo y diputados afines en el Congreso, entre ellos la ex dirigente estudiantil Camila Rojas, autora de dos proyectos de ley de ESI desde el nivel parvulario. “En 2022 tuvimos varias instancias de trabajo con el MINEDUC sobre este tema”, decía la parlamentaria, para quien un proyecto presentado por el gobierno contaría con “más fuerza”, comprometiendo su trabajo –una vez presentado- a fin de lograr un apoyo transversal suficiente. “Avanzar en esto es un paso fundamental y en el Congreso debemos estar a la altura” (71), afirmaba.
Consultado sobre la nueva “EASI”, el Ministro Ávila explicaba que se esperaba poder construir el proyecto de ley con la opinión de las familias, porque “en ningún caso, ni el Estado ni las políticas educativas, sustituyen el trabajo que realizan las familias, madres, padres, apoderados y cuidadores principales. Sin embargo, creemos que debemos garantizar, bajo la perspectiva de los derechos humanos, la incorporación de estas temáticas, con la entrega de herramientas para el profesorado, de modo de avanzar hacia una educación no sexista” (72). La subsecretaria Claudia Lagos, por su parte, agregaba que era “fundamental entender que las perspectivas de género se construyen y se reconstruyen también, desde que los niños y niñas son pequeñitos. Hay suficiente información y evidencia consistente que da cuenta de que los niños y niñas desde muy temprana edad, tienen atribuciones sobre el género. Por eso es tan importante promover la conversación, el diálogo respecto de estas temáticas, respecto de las posibilidades que tienen todos y todas de desarrollar distintas actividades, jugar con distintos implementos y, de alguna manera, ir contribuyendo (sic) una perspectiva desde la primera infancia” (73).
Las actividades a las que aludía Lagos, incluían distintos “ejercicios pedagógicos” dependiendo del nivel educativo. Por ejemplo, en la actividad “El cumpleaños de Mico y Mica” realizada en la Escuela Básica Cornelia Orellana de Independencia, niños y apoderados debían dar un regalo a los protagonistas con el fin de “identificar los estereotipos de género presentes en las distintas generaciones”. La actividad fue calificada por el alcalde de la comuna y sostenedor del establecimiento, Gonzalo Durán, como “de extraordinario valor para todas nuestras comunidades” y añadía: “en Independencia, de hecho, venimos haciendo un esfuerzo desde hace largo tiempo en esta dirección. Precisamente, en nuestra comuna se creó de manera participativa, con toda la comunidad, el primer liceo multi género de Chile, y hemos tratado de ir incorporando una educación no sexista” (74).
En el encuentro realizado esta vez en el colegio San Andrés de Maipú, el alcalde Tomás Vodanovic declaraba que “desde el municipio estamos implementando una serie de programas y ciclos de conversaciones en nuestras escuelas, para ir abordando una educación no sexista, una educación con perspectiva de género, porque sabemos que la educación es un proceso de formación integral y no se agota solamente en el currículum o en los contenidos, sino que estamos formando a las personas que van a construir el país el día de mañana”(75). En tanto, el director del establecimiento, Alfredo Meneses, agradecía a los ministros y el alcalde “porque tuvimos la posibilidad de conversar acerca de sexualidad, afectividad y género. Es una experiencia inédita y quiero volver a repetir que ministros, uno de ellos profesor y que nos visita para poder hablar temas que son estructurales y que requieren una política pública. Los apoderados están contentos y además, ansiosos de muchos espacios como estos para seguir avanzando” (76).
En esa misma oportunidad, la ministra Antonia Orellana expresaba que “nosotras como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género estamos muy contentas primero con este proceso de conversación que ha estado llevando adelante el MINEDUC. Hoy estuvimos con apoderados y apoderadas de distintas creencias, de distintos oficios, que tienen opiniones distintas y que nos comentaban que conversando llegaron a buenos acuerdos respecto a las necesidades educativas de sus hijos e hijas, de las necesidades de información oportuna, de una educación integral y eso en particular para nosotras es muy importante porque educar hoy es la forma más eficaz de prevenir para mañana” (77).
Una tercera Jornada Hacia una Educación no Sexista, denominada “El Camino de los Municipios”, tuvo lugar el 4 de diciembre de 2023 en la Casa de la Cultura de San Miguel. Estuvo dirigida a equipos institucionales y trabajadores de la educación y contó con la participación de aproximadamente 200 personas de manera presencial y más de 500 inscripciones para la señal de streaming del MINEDUC.
No hay registro de la realización de más Jornadas. Presumiblemente, su continuidad formal se vio afectada por la polémica que se generó a partir de las denuncias de apoderados respecto a las actividades realizadas y los contenidos entregados en ellas, los que –entre otras razones- motivaron la acusación constitucional contra el Ministro Ávila y su posterior salida del gabinete.
La llegada al Ministerio del sucesor de Ávila, Nicolás Cataldo, trajo cambios. Aunque desde el Ministerio sostuvieron –según informaba el Diario La Tercera el 6 de octubre de 2023- que la educación sexual estaba en el programa de gobierno y era un compromiso que “se mantenía”, explicaron asimismo que los nuevos ejes de trabajo, fijados entre los equipos de educación y presidencia, habían priorizado los proyectos en base a las urgencias del sistema y a su nivel de avance, no figurando entre ellos la educación sexo afectiva.
B. La reforma curricular.
El otro foco del gobierno en Educación era llevar adelante una reforma curricular que permitiera “asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, confiables y actualizados” sobre los distintos aspectos involucrados en la Educación Sexual Integral, “orientados a promover las competencias necesarias para que estudiantes se desarrollen de forma plena, como seres humanos integrales, respetuosos de la diversidad y con los conocimientos adecuados para su protección” (78).
Se buscaba, además, incidir en la formación inicial de docentes, con un enfoque de género. Para ello, el MINEDUC debía impulsar la modificación del estatuto de los profesionales de la educación, estableciendo la obligatoriedad de las universidades de incluir en la malla curricular de las carreras de pedagogía la asignatura de “Educación Integral en Sexualidad y Afectividad”, además de “nivelar” en esta área al cuerpo docente, de extensión e investigación de las mismas instituciones. Las autoridades debían impulsar, asimismo, una política de formación continua que considerara las realidades específicas de cada comunidad educativa y su cultura escolar, en la medida en que son “las y los docentes quienes deben situar, trasladar y adecuar la propuesta didáctica a partir de su conocimiento profesional” (79).
Ya en su propia cuenta pública del año 2022, el ministro Ávila se había referido a que ciertos “episodios recientes de violencia de género han exhibido la urgencia de una educación sobre el cuerpo, sexualidad y género”, episodios que –en su opinión- no eran nuevos y que “fundamentalmente encuentran sus raíces en los cimientos de una cultura que reproduce estereotipos de género, códigos de corporalidad y carencia de responsabilidad afectiva” (80). Expresaba además, que como “estos fenómenos complejos que tienen raíces tan arraigadas en las culturas solo pueden ser eficazmente abordados a través de la educación” (81).
En atención a ello, se comprometía a impulsar “una ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles del sistema educativo, como pilar de una educación que reconozca la diversidad, cuestione los estereotipos de género y permita comprender la afectividad, las subjetividades, las relaciones interpersonales, el autocuidado y el goce, así como los derechos sexuales y reproductivos de las personas” (82), agregando que “generar marcos normativos de quienes han sido históricamente excluidos es clave para nosotros, pero esto no lo hacemos desde lo legislativo, creemos en el trabajo con las comunidades” (83), a cuyos efectos unirían fuerzas con los trabajadores de la educación para hacerles parte de los programas de formación que tendrán foco en la creación de ambientes seguros y la prevención de la “violencia sexista y homofóbica” (84).
C. Convenio entre el MINEDUC y el MINSAL para la prevención de VIH e ITS en estudiantes de la educación superior.
En Agosto de 2022, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, junto al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y otros funcionarios ministeriales, firmaron un convenio que –en palabras de Ávila, vendría a expresar la vinculación entre ambos ministerios- (85), con el objetivo de promover el “sexo seguro” y el control del VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual en los estudiantes de la educación superior. El convenio contemplaba la “instalación de dispensadores de preservativos masculinos y femeninos, lubricantes y distintas acciones preventivas para aportar en la disminución de las conductas sexuales inseguras, en universidades y centros de formación técnica de todo el país”; la capacitación de estudiantes de las carreras de la salud y del área psicosocial para participar en el “Programa para la Promoción del Sexo Seguro y Prevención del VIH desde un enfoque de educación sexual integral”; y capacitaciones para que los estudiantes fueran monitores de VIH/ITS, pudieran realizar test rápidos de detección de VIH y entregar consejería.
La firma del convenio tuvo lugar en instalaciones de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, cuya rectora, Elisa Araya, declaró en dicha oportunidad que “nuevamente, las universidades estatales nos hemos puesto a disposición de un trabajo colaborativo con el Estado. Esta vez como un espacio para la generación de estrategias que promuevan la educación sexual integral y responsable para adolescentes y jóvenes con enfoque de diversidad, género y no discriminación. Este convenio brindará nuevas herramientas a la formación integral docente y profesional de nuestros y nuestras estudiantes” (86).
D. Compromiso del gobierno con los niños trans.
En el marco del “Día Internacional de la Visibilidad Transgénero”, que cada 31 de marzo el Ministerio de Educación celebra en los colegios públicos y particulares subvencionados –actividades que han sido objeto de denuncias por agrupaciones de padres y apoderados debido a su fuerte sesgo ideológico-, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos y el superintendente de Educación, Mauricio Farías, participaron en la segunda sesión del COSOC estudiantil, realizado el 31 de marzo de 2023 en el Museo de Arte Precolombino, y abordaron temáticas vinculadas a la “inclusión y no discriminación en el contexto educativo.”
“El papel que ustedes cumplen es fundamental, porque gracias a la capacidad que ustedes tienen de empujar los grandes cambios, es que nosotros vamos a poder darle sentido a estas políticas. El gobierno se compromete al diseño de la normativa, de la política, a la formación del profesorado y lo que necesitamos de ustedes es la difusión de esto. El vivir cotidianamente la inclusión, la valoración de la diversidad en todas sus expresiones. Es por eso que necesitamos el papel de las y los estudiantes que es finalmente de presentes y de futuro”, recalcaba en esa oportunidad el ministro Ávila (87). Por su parte, Antonia Orellana enfatizaba el compromiso del gobierno de “(…) generar una institucionalidad que les proteja y promueva el libre ejercicio de sus derechos (…) les queremos invitar a ser parte de esa discusión y que lo miren desde su perspectiva también como jóvenes, como estudiantes y sobre todo como estudiantes activos en la participación dentro de la institucionalidad. Nosotras contamos con su trabajo como liderazgos y esperamos también que cuenten con el Ministerio de la Mujer y todo el trabajo conjunto que hacemos con el ministro Ávila y con el Ministerio de Educación”(88). Por último, el subsecretario Farías ponía el énfasis en “resguardar la salud mental y la continuidad de las trayectorias educativas, por eso el llamado que hacemos a los establecimientos educacionales es a actualizar sus reglamentos internos, a implementar medidas que promuevan una cultura escolar respetuosa y dialogante y generar instancias de capacitación enfocadas a educar en la valoración de las diferencias, para lograr ambientes de buen trato y erradicar todo tipo de violencia física y psicológica en el contexto educativo”, reiteraba el superintendente Farías (89).
E. Las Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno.
El 17 de mayo de 2023, con ocasión del “Día Internacional contra la Homo, Trans y Bifobia” (90), el ministro Marco Antonio Ávila, junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, presentaron las nuevas políticas y orientaciones del MINEDUC para la inclusión de la comunidad LGBTIQA+ en el sistema educacional, asociadas al “Plan de Afectividad, Sexualidad y Género” que esa cartera venía implementando desde 2010 (91).
Estas orientaciones, obligatorias para todas las comunidades escolares del país, venían a reforzar “mediante la participación activa, determinante e incidente de los estudiantes en las decisiones institucionales y la difusión de material temático”, el trabajo que sobre el tema venía realizando desde 2016 la Unidad de Inclusión y Participacióndel Ministerio, cuando fueron elaboradas las primeras “Orientaciones para la inclusión de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex”.
El documento, elaborado originalmente en 2017 y actualizado por el MINEDUC en conjunto con organizaciones docentes como el Colegio de Profesores, y ciertas organizaciones de la sociedad civil, fue objeto de severas críticas por incluir prácticas a realizar con niños a partir del nivel parvulario, a los que se les invitaba a “vivenciar sus cuerpos como algo placentero, de forma libre y desprejuiciada” y a “recorrer su cuerpo con su pensamiento, sentidos y sensaciones». Presentaba, además, el “poliamor” como una opción “una forma no posesiva, honesta, responsable y ética de amar a varias personas simultáneamente”; y atacaba el concepto de familia tradicional al catalogarla como “ambiente discriminatorio” incluyendo entre los “factores de riesgo” para un niño, el tener una familia compuesta por un padre y una madre.
Entre las recomendaciones generales de las Orientaciones se incluía el generar acciones de sensibilización y reflexión, en especial en aquellas comunidades educativas que se han visto reticentes a “construir comunidades inclusivas”; – la transformación de la cultura escolar de los establecimientos mediante el reforzamiento del rol activo de estudiantes y la generación de alianzas con organizaciones externas, entre otros”; fomentar el rol protagónico, determinante e incidente de los estudiantes en las decisiones institucionales; facilitar la práctica educativa mediante el trabajo colaborativo a fin de que las acciones transformadoras permanezcan en el tiempo. Por último, se establecía la institucionalización de la educación inclusiva en la gestión educativa por medio de los distintos planes de gestión que exige la normativa educacional, como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), destinando recursos humanos y financieros para concretarlo.
En esa ocasión, el MINEDUC presentó, además, una serie de Orientaciones Temáticas –OT-, con estrategias a implementar para profundizar las recomendaciones: Compartir experiencias educativas para el resguardo del derecho a educación e inclusión de estudiantes LGBTIQA+, que se han desarrollado desde una gestión escolar con perspectiva de género; entregar consejos para la construcción de espacios protectores para el desarrollo del bienestar integral de las comunidades educativas, y la protección de las trayectorias educativas de estudiantes LGBTIQA+; y el aprendizaje del autocuidado y comportamientos saludables asociados a una educación sexual integral, más allá de la identidad de género.
El ministro Ávila en la oportunidad que con estas Orientaciones “hemos cumplido un compromiso del 17 de mayo del año recién pasado, en que nos comprometimos a entregar orientaciones al sistema educativo para atención, acompañamiento y protección de los derechos de niñas, niños jóvenes de la comunidad LGTBIQA+” (92) y se manifestó contento de impulsar la nueva política educativa al disponer “de este conjunto de siete orientaciones, una orientación medular, acompañada de otras seis cartillas de trabajo, que tienen que ser difundidas a todas las comunidades educativas del país, para especialmente resguardar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes miembros de esta comunidad” (93). El documento buscaba reforzar el bienestar de estudiantes pertenecientes a la comunidad “más allá del colectivo con el cual se identifican”, por lo que hablaba de identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas o de orientación sexual, identidad y expresión de género –OSIEG-, abarcando así a “todos los grupos de las comunidades más allá de LGBTIQA+, o de cualquier otro colectivo que en adelante visibilice sus particularidades más allá de lo binario”.
6. El proyecto de resolución N° 643 de la Cámara de Diputados.
El martes 18 de abril de 2023, la Cámara de Diputados aprobó por 72 votos a favor, 62 en contra y 5 abstenciones, el Proyecto de Resolución N° 643 que solicitaba al Presidente Boric enviar un proyecto de ley para establecer una “Política Nacional de Educación Sexoafectiva Integral”, tal como lo había comprometido el mandatario en 2022, en su primera cuenta pública, iniciativa que fue apoyada por organizaciones afines a estas ideas (94) quienes suscribieron la declaración “Chile necesita Educación Sexual Integral”, como medida de presión para que el Congreso aprobara este proyecto.
De acuerdo al proyecto de resolución, esta Política debía ser impartida a nivel nacional, a partir de la educación parvularia, en todos los colegios, tanto en la educación especial como regular; hacía énfasis en que se asegurara la realización de, al menos, cuatro jornadas semestrales dedicadas exclusivamente al diálogo en torno a “sexualidades y afectividades”, garantizando espacios conjuntos e independientes para formadores, familias y estudiantes; exigía una asignación presupuestaria permanente para la elaboración y entrega gratuita de material impreso y digital, accesible para personas con discapacidad y con pertinencia cultural indígena y migrantes; y llamaba a capacitar a los actuales profesionales del área en “Educación Sexoafectiva Integral” y a incorporar contenidos ad hoc en las mallas curriculares de las carreras relacionadas con la enseñanza. Por último, proponía incorporar como eje fundamental, la prevención de las violencias de género y sexual, así como de la discriminación, sin desatender la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazo no planificado.
En la respuesta evacuada por el Ministerio de Educación, el Jefe de gabinete del Ministro, Rodrigo Mora Ortega, informaba a la Cámara que como Ministerio ya se encontraban trabajando en el diseño de una “política que asegure el deber del Estado de proteger los derechos de los y las estudiantes” en esta materia “a partir de los lineamientos entregados por la Ley General de Educación, la ley de Inclusión y la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, entre otras” (95). Agregaba Mora que, con el fin de “apoyar a las comunidades educativas y las familias en dichos contenidos”, entre el 17 octubre y el 15 diciembre de 2022, se habían llevado a cabo jornadas en las que habían participado 4085 establecimientos -lo que correspondía a 328.506 personas- y se había trabajado con “organizaciones y especialistas”, poniéndose además a disposición la plataforma “educacionnosexista.mineduc.cl” para ofrecer “material pedagógico, ordenado por estamento y niveles, orientaciones, sugerencias y adaptaciones al material” (96).
7. Se aprueba la educación “no sexista”, incluida en la ley de violencia de género.
A esta fecha, el Ejecutivo aún no ha enviado al Congreso el solicitado proyecto de ley sobre educación sexual integral, sin embargo, por la vía parlamentaria sí ha introducido disposiciones en proyectos de ley que se encontraban en tramitación, logrando así formalizar la ESI de manera indirecta. Tal es el caso de la recientemente promulgada Ley Integral de Protección contra la Violencia de Género, cuyo Art. 12 estableció la obligatoriedad de la controvertida “educación no sexista” en el país: “Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género y considerar en sus reglamentos internos y protocolos la promoción de la igualdad en dignidad y derechos y la prevención de la violencia de género en todas sus formas” (Art. 12, inc.2°)
El 8 de marzo 2024 y luego de que el Congreso la aprobara dos días antes, un grupo de más de 50 diputados ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad del citado Art. 12, por vulnerar el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, contraviniendo la libertad de enseñanza, la libertad de conciencia, y la libertad religiosa establecidas en la Constitución Política. Ante el requerimiento el gobierno reaccionó anunciando que buscaría todos los medios posibles para defenderla ante el Tribunal Constitucional.
Finalmente, el 2 de abril 2024, el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió por seis votos a favor y cuatro en contra, rechazar la solicitud de inconstitucionalidad (97), convirtiendo la “educación no sexista” en ley y en motivo de celebración para sus promotores.
_____________________________________________
1) “Sexo Seguro en América”, Laris, R., ISFEM, 2019, p. 2
2) Idem
3) cfr. Idem
4) “Primer informe Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humanos en Chile”. Arenas, Leonardo et al., Cap. I, p. 16
5) ”Directrices operacionales del UNFPA para la educación integral de la sexualidad: Un enfoque basado en los derechos humanos y género”. UNFPA, 2014, Cap. I, p. 9
6) “Informe Situación Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en Chile, 2017”, Departamento de Epidemiología, Ministerio de Salud, Chile, 2017.
7) ”A Global Research Review”, Institute for Research and Evaluation, 2019
8) “Sexual risk taking behaviour: prevalence and associated factors. A population – based study of 22.000 danish men”, Buttmann N, Nielsen A, Munk C, Liaw KL, Kjaer SK.; en Laris, Rosario, op.Cit, p. 79
9) “Early interocourse and risk factores in croatian adolescents”, Kuzman M, Simetin IP, Franelic IP, Coll Antropol, 2007; en Laris, R., op.Cit, p. 79
10) “Educación Sexual en Chile. Orientaciones para una Política Pública”, Jiménez Alcaíno, Javiera, Equipo de Educación APROFA, 2018, p. 5
11) Idem
12) Ibidem, p. 5
13) UNFPA, op.Cit, p. 6
14) Ibidem, p.7
15) APROFA, op.Cit, p. 6
16) “Educación Integral de la Sexualidad: la promoción de los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y la mejora de la salud sexual y reproductiva”, Bogotá, 2010; en UNFPA, op.Cit, p. 7
17) UNFPA, op.Cit, p. 6
18) Idem
19) Cfr. Idem
20) APROFA, op.Cit, p. 4
21) OMS, 2019, citada en “Orientación Temática N° 6, ¿Por qué hablar de salud sexual integral en comunidades educativas?”, Ministerio de Educación, Chile, 2023, p. 5
22) Cfr. Arenas, Leonardo et al, op.Cit, Cap. I, p. 17
23) ONUSIDA o UNAIDS -por sus siglas en inglés, creada en 1994, es el Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida.
24) De acuerdo a “www.chile.un.org”, el Sistema de Naciones Unidas en Chile “apoya al Estado” en base al Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Chile 2023-2026, que firmado por el gobierno del Presidente Boric en abril de 2023 y dice relación con la planificación y estrategia conjunta, coordinada y en alianza con todos los distintos sectores de la sociedad, para acelerar la implementación integral de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos.
En la actualidad son 19 agencias, fondos y programas los que están presentes en el país: 1) FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura); OIT (Organización Internacional del Trabajo); OIM (ONU Migración); UIT (Agencia especializada para las tecnologías de información y comunicación); ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos); OPS/OMS (Organización Panamericana de la Salud); CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe); PNUMA (Programa para el medio ambiente); ONU Mujeres; ONUSIDA; CNULD (Convención para combatir la Desertificación); PNUD (Programa para el Desarrollo), UNESCO (Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura), UNFPA (Fondo de Población, organismo encargado de la salud sexual y reproductiva); ACNUR (Agencia para los refugiados), UNICEF (Fondo para la Infancia), ONUDI (Organización para el Desarrollo Industrial.), UNODC (Oficina contra las Drogas y el Delito), WFP (Programa Mundial de Alimentos) y el Banco Mundial.
25) APROFA, op.Cit, p. 7
26) Olavarría y Molina (2012), en APROFA, op.Cit, p. 7
27) Cfr., APROFA, op.Cit, p.8
28) Cfr. Idem
29) Cfr. Idem
30) Idem
31) Idem
32) APROFA, op.Cit, p. 9
33) Cfr. Idem
34) APROFA, op.Cit, p.10
35) Cfr. Idem
36) Cfr., APROFA, op.Cit, p. 11
37) APROFA, op.Cit, p. 13
38) Idem
39) Cfr. Idem
40) Programa de ayuda económica y social para América Latina, propuesto por el Presidente de Estados Unidos John F. Kennedy en 1961, como contraprestación al cumplimiento de ciertas condiciones por parte de los Estados.
41) Cfr. “Políticas de control de la natalidad y planificación familiar en el siglo XX. Pensar el cuerpo y la maternidad”, s/f, disponible en memoriachilena.gob.cl
42) Cfr. Idem. APROFA –filial chilena de la Federación Internacional de Planificación Familiar -IPPF (por sus siglas en inglés, la internacional abortista más grande del mundo, con presencia en 143 países). Desde su creación en 1965, ha sido y sigue siendo un agente clave en el proceso, como capacitador de matronas y médicos en la prescripción y control de los métodos anticonceptivos que se entregan en el sistema público de salud.
43) Cfr. disponible en minsal.cl
44) Cfr. APROFA, op.Cit, p. 14
45) Cfr. “Chile registra la natalidad más baja en una década: Los efectos sociales y económicos para los próximos años, por Daniela Toro, www.emol.com, 23 enero 2024
46) Cfr. APROFA, op.Cit, pp. 26-27
47) “Minsal y Mineduc presentan Proyecto de Ley que amplía la educación sexual a partir de quinto año básico”, msgg.gob.cl, 15 mayo 2019
48) Idem
49) “Las reflexiones tras la propuesta de educación sexual del gobierno”, pauta.cl, 16 mayo 2019
50) Idem
51) Cfr. “Minsal y Mineduc presentan proyecto de ley que amplía educación sexual a partir de quinto año básico, minsal.cl, 15 mayo 2019
52) Cfr. Idem
53) “Ministerio de Salud firma inédito convenio con consorcio de Universidades Estatales de Chile en el Marco del Plan Nacional de Acción en VIH/SIDA e ITS”, diprece.minsal.cl, 18 noviembre 2018).
54) “Diputada Camila Rojas presenta proyecto que busca impartir Educación Sexual Integral desde el nivel parvulario”, el desconcierto.cl, 12 septiembre 2019
55) Idem
56) “Reflexiones tras la propuesta de educación sexual del gobierno”, pauta.cl, 16 mayo 2019
57) La iniciativa de la diputada Rojas se ingresó con las firmas de los diputados Jaime Bellolio (UDI), Gabriel Ascencio (DC), Víctor Torres (DC), Rodrigo González (PPD), Maya Fernández (PS), Vlado Mirosevic (Partido Liberal), Claudia Mix (Comunes), Natalia Castillo (RD) y Pamela Jiles (PH).
58) En dichas jornadas participaron instituciones y organizaciones, tales como la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA, filial chilena de IPPF, la ONG abortista más grande del mundo), la Corporación Miles (promotora de los llamados “derechos sexuales y reproductivos”, que incluyen el aborto), el Colegio de Profesores, la UNESCO, la Fundación Iguales, Redofem, AIDS Healthcare Foundation AHF Chile, la FECh y la FEUC.
59) “Reflexiones tras la propuesta de educación sexual del gobierno”, pauta.cl, 16 mayo 2019
60) En su Art. 6°, el proyecto establecía: “Incorpórese el siguiente inciso final al artículo 10 del D.F.L. N° I de 1997, del Ministerio de Educación que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican, en los siguientes términos: “Las universidades que impartan pedagogías deberán incluir en su malla curricular de manera obligatoria el ramo de educación integral en sexualidad y afectividad, el que deberá contemplar la enseñanza de aspectos biológicos, psicológicos, socioculturales, afectivos y éticos de la sexualidad, desde un enfoque de género, y que incluya objetivos de aprendizaje que propendan al autoconocimiento, desarrollo progresivo, afectividad y diversidad, autocuidado y una sexualidad responsable y libre de sexismo.”
61) “Diputada Camila Rojas insiste con Educación Sexual Integral: Que este tema esté presente en el debate presidencial y parlamentario”, por Claudia Carvajal, radio.uchile.cl, 29 septiembre 2021
62) Idem
63) Idem
64) “¿A qué apunta la Política Nacional de Educación Sexual Integral anunciada por el Presidente Boric?, por Roberto Gálvez, latercera.com, 1° junio 2022
65) “¿A qué apunta la Política Nacional de Educación Sexual Integral anunciada por el Presidente Boric?”, por Roberto Gálvez, latercera.com, 1 junio 2022
66) “Jornadas hacia una Educación no Sexista: una mirada desde adentro”, por Roberto Gálvez, latercera.com, 24 junio 2022
67) “Ministerios de Educación y de la Mujer y la Equidad de Género dieron inicio a la primera Jornada Nacional hacia una Educación no Sexista”, mineduc.cl, 19 abril 2022
68) Idem
69) “Subsecretario Cataldo encabeza jornadas hacia una Educación no Sexista en la Región de Valparaíso”, mineduc.cl, 18 abril 2022
70) “Mineduc incorporará término “afectividad” en el proyecto sobre educación sexual integral que ingresará durante este año”, por Roberto Gálvez, latercera.com, 23 febrero 2023
71) Idem
72) “Segunda Jornada Hacia una Educación no Sexista llegará a estudiantes de prekinder a IV medio, apoderados y trabajadores de la educación”, mineduc.cl, 12 octubre 2022
73) Idem
74) Idem
75) Mineduc junto al Ministerio de la Mujer participan en un diálogo con apoderados por la Segunda Jornada Hacia una Educación no Sexista”, Subsecretaría de Educación SUBEDUC en Linkedin, mineduc.cl, 21 noviembre 2022
76) Idem
77) “Mineduc junto al Ministerio de la Mujer participan en un diálogo con apoderados por la Segunda Jornada Hacia una Educación no Sexista”, educacionnosexista.mineduc.cl, 19 noviembre 2022
78) “¿A qué apunta la Política Nacional de Educación Sexual Integral anunciada por el Presidente Boric?”, latercera.com, por Roberto Gálvez, 1 junio 2022
79) Idem
80) Idem
81) Idem
82) Idem
83) “Ministerio de Educación anunció Proyecto de Ley de Educación Sexual Integral para el segundo semestre de este año”, por Johana Carvalho, radio.uchile.cl, 17 mayo 2022
84) Cfr. Idem
85) “Minsal y Mineduc firman convenio para la prevención de VIH e ITS en estudiantes de educación superior”, educacionsuperior.mineduc.cl, 31 agosto 2022
86) Idem
87) “Autoridades participan en conversatorio con estudiantes en el Día de la Visibilidad Trans”, Superintendencia de Educación, supereduc.cl, 31 marzo 2023
88) Idem
89) Idem
90) Creado en 2004, conmemora, cada 17 de mayo, la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la OMS el 17 de mayo de 1990, durante la 43° Asamblea Mundial de la Salud. Ese día también celebran la despatologización de la identidad de género de las personas que se perciben como transgénero o transexuales. En 2015 incorporaron la bifobia al nombre de la campaña.
91) “Mineduc y MMEG presentaron orientaciones para la inclusión de la comunidad LGBTIQA+ en el sistema educativo”, mineduc.cl, 17 mayo 2023
92) Idem
93) Idem
94) La Declaración fue impulsada por la Red Docente Feminista (REDOFEM) y adhirieron organizaciones como: La Coordinadora Feminista 8M, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Agrupación Rompiendo el Silencio, La Rebelión del Cuerpo, La Red de Actrices de Chile, La Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM), Corporación Miles, Corporación Humanas, el Observatorio de Género y Equidad, Fundación Selenna, OTD Chile, MovilH, Fundación Daniel Zamudio, la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Amaranta ONG, Confederación de Estudiantes De Chile (CONFECH), Fundación Red Abortando Mitos de la Sexualidad (RAMS), Federación de Estudiantes Universidad de La Serena, Chile necesita ESI, Red de Filósofas Feministas en Chile, Red de profesoras y profesores de Filosofía (REPROFICH), Red de Educación No Sexista, EDUCAFEM, el Departamento de Mujer y Género del Colegio de Profesoras y Profesores, CAAOS, COEDEM, Círculo de profesoras feministas Amanda Labarca, Red Docente EPJA Chile, Asociación Ginecólogas chile, Asociación Yo Cuido, Corporación Mujeres Siglo XXI, Diversa Patagonia, Colectiva Las Clito, entre muchas otras, así como también académicas, investigadoras y profesionales de distintas áreas, tales como Teresa Valdés, Cecilia Sánchez y Rosario Olivares.
95) Ord. N° 07/ 00985, 25 julio 2023, Subsecretaría de Educación, remite Ord. N°01/199 de 14 junio 2023, Jefe Gabinete Ministro de Educación
96) Idem
97) “Tribunal Constitucional rechaza requerimiento sobre educación no sexista”, radio.uchile.cl, 2 abril 2024 / “TC rechazó requerimiento contra ley integral contra la violencia hacia las mujeres,” cooperativa.cl, 2 abril 2024), convirtiendo
Paz Figuero Osorio
Directora ISFEM