Previo a la semana distrital, la comisión de educación de la Cámara de Diputados inició las audiencias del proyecto de ley del MINEDUC para abordar los problemas de convivencia escolar en el país, tras un semestre marcado por hechos de violencia que han afectado tanto a estudiantes como profesores. La iniciativa de “convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades” fue presentada a inicios de junio como una que “aborda y promueve en forma integral, ordenada y sistémica una forma de gestión para que las comunidades educativas sean espacios de protección y bienestar”, orientando medidas para “prevenir y erradicar cualquier tipo de acoso, violencia y discriminación al interior de los establecimientos”.
Sesgo ideológico:
No obstante, varios reparos se han hecho ver en las audiencias. Se expuso que la iniciativa debilita la autoridad de los directores de establecimientos, ya que incorpora nuevas exigencias, pero no considera recursos para su financiamiento. También se apunta que el proyecto no promueve medidas para generar un mayor orden dentro del espacio educativo, en circunstancias de que los colegios se han visto fuertemente afectados por la violencia y la pérdida del respeto hacia la autoridad del profesor o sus directivos. Por otro lado, se cuestiona que el texto vulneraría la Constitución al intervenir en la organización de todos los establecimientos, independientemente de su dependencia, y no solo los que reciben subvención. Esto, ya que incorpora de forma obligatoria facultades resolutivas en el Consejo Escolar, lo que, según especialistas, limita sus atribuciones, autonomía y libertad de enseñanza.
En el centro de estudios Acción Educar advierten que en el proyecto se deben evitar “normas con sesgo ideológico que no contribuyan a los objetivos propuestos, como lo son, por ejemplo, las que se establecen a propósito de la coordinación interministerial, en que se señala expresamente “la actuación estatal al interior de los establecimientos educacionales será liderada, dirigida y coordinada por sus directores, mientras que aquella a ejecutar fuera de ellos corresponderá a las autoridades políticas o administrativas que determine la ley o el reglamento que al efecto se dicte”.
El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, señala que “es evidente que lo primero para abordar la convivencia no son más reglamentos y papeles sino equipos profesionales que apoyen directamente en los colegios la diversidad de situaciones que ocurren. Para esto se requieren recursos”. Al respecto, Rodríguez plantea que “según el ministerio, el proyecto busca establecer un nuevo estándar, más exigente”, pero que no entrega recursos adicionales y se establece “una forma de cogobierno que sólo debilitará la autoridad de los directores”.
Parlamentarios de oposición, también cuestionan la iniciativa. El diputado de la comisión de educación, Stephan Schubert, sostiene que el proyecto “introduce obligaciones a los establecimientos que son poco realistas en los contextos vulnerables, como la necesidad de contar con equipos dedicados exclusivamente a la convivencia”.
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Fuente: Tomado del artículo “Cogobierno” y escaso foco en el orden: las dudas sobre proyecto de convivencia escolar”, por D. Gotschlich y C. Riffo, en Diario El Mercurio, 27 junio 2024, p. C6
Fotografía: Ministro de Educación, Nicolás Cataldo; y subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia.